Sobrevivir Entre 200 mil pandilleros
El crimen organizado domina territorios en Guatemala.
Por Antonio Tay
¿De quien es la responsabilidad de la seguridad? Cuando el
gobierno pierde el control ante el crimen organizado. Quienes ayudaron
al colapso, los intereses económicos y políticos relacionados
en ofrecer seguridad como un negocio. Ha sido muy evidente cuando
la 
administración de gobierno permitió que la seguridad
nacional terminara en manos del crimen organizado. Ante la incapacidad
del gobierno de enfrentar a las organizaciones criminales y la desconfianza
de las instituciones internacionales en considerar a Guatemala como
un país seguro para la inversión, se opto por la ayuda
internacional. Al parecer los tecnócratas, no están
en el gobierno para dar continuidad a políticas de seguridad,
pero si están los corruptos que permiten que el sistema no
cambie.
En la búsqueda de un consenso para solucionar el problema de la seguridad
del país, el gobierno ha hecho participe al sector económico para
una solución integral, pero parece que son simples reuniones para aparecer
en la foto porque las acciones conjuntas se quedan en retórica política
en ambos bandos. El Presidente Álvaro Colom reunió a los representantes
del CACIF, como poder económico en Guatemala con el objetivo de resolver
la crisis de seguridad. El objetivo primordial reducir la cantidad de asesinatos
que sobrepasa los 6,000 cada año. Controlar a más de 200,000 integrantes
de pandillas que trabajan con el crimen organizado. Que han hecho ambos sectores
durante este tiempo, únicamente relaciones públicas, y la población
continua inmersa en la inseguridad.
El gobierno con 23,000 policías es incapaz de controlar el crimen y limpiar
la policía que esta infiltrada por elementos del crimen organizado, es
una tarea ardua. Los criminales obtienen información de primera
mano, para escapar cuando se anuncian cateos. En algunos casos han sido los soldados
quienes han recuperado poblaciones ocupadas en manos de criminales, o las acciones
combinadas que realizan la policía para tener respaldo en la captura de
criminales. En otros casos son incapaces de capturar a narcotraficantes, porque
la cantidad de dinero que circula para tener protección es millonaria. 
Pero el conflicto no termina, la población y el sector privado habían
perdido la confianza en el gobierno después del asesinato del abogado
Rodrigo Rosemberg, que finalmente se logro aclarar que el mismo planifico su
propia muerte. Pero dentro del proceso de averiguaciones llevadas a cabo por
la CICIG, el Presidente Álvaro Colom, mantenía una imagen de culpabilidad
que había sido creado por los medios de comunicación para tratar
de impulsar su renuncia.
Falta de liderazgo del gobierno en seguridad.
Ante la falta de liderazgo del gobierno para
la protección ciudadana,
aparece el Doctor Carlos Castresana, quien adquiere respeto y actúa, haciendo
valer un derecho internacional otorgado por Naciones Unidas, para que las instituciones
de gobierno que colapsaron ante el crimen organizado vuelvan a su cause normal.
El representante de la CICIG, logra en meses descubrir que existía una
conspiración para desacreditar al gobierno, y responsabilizarlo de los
hechos de violencia. Lo único que no ha clarificado es quienes han sido
los de la conspiración, quizás esto esta en proceso de investigación. 
La seguridad es un clamor popular, todos los ciudadanos salen a las
calles con la esperanza de regresar a casa. Cuando el reporte indica
que durante el 2009, existieron 6,400 asesinatos, no es fácil imaginar la difícil condición
de sobrevivir en las calles en donde coexisten integrantes de Maras o pandillas
que operan con el crimen organizado. Ante esta condición el Doctor Carlos
Castresana, representante de la CICIG, se convierte en el único instrumento
legal que puede resolver casos de crímenes relevantes, pero deja a lado
otros hechos criminales, porque no representan interés político.
El crimen organizado que mantiene aterrorizado
a la población, mantienen
control en áreas territoriales y adquiere armamento a cualquier precio
y donde sea. Según informaciones las granadas los pueden adquirir en 40
dólares, los rifles usados AK-47 en 300 y los nuevos en 1,300 dólares.
También es importante resaltar que el mercado negro de armas es algo al
parece normal en Guatemala. El negocio es funcional y eso permite la corrupción
y la perdida de armas en las bodegas de las instituciones del estado, el ejercito
que es una institución supuestamente de resguardo, también ha sido
corrompido al permitir el acceso del crimen organizado a sus instalaciones.
Según reportes del International Relations and Security Networks, entre
julio 2007 y enero 2008, miembros de los Zetas robaron un estimado de 500 armas
del Cuartel Militar Mariscal Zabala, donde incluía pistolas, rifles, ametralladoras,
lanzagranadas y granadas. En otro caso el 20 de agosto del 2009, miembros de
los Zetas robaron un envío de armas en ruta de Guatemala a México,
donde también, desaparecieron lanzagranadas, lanzacohetes, granadas, rifles
de asalto y municiones. Con estas armas en manos del crimen organizado,
que puede hacer el ciudadano común. El presidente puede ofrecer que están
realizando capturas y tienen estrategias que están implementando, pero
mientras uno camina en las calles la seguridad es incierta. La esperanza lo esperan
los justos orando y persignándose al salir de casa, con el consuelo de
regresar sano y salvo, pero al crimen organizado no le interesa eso. El gobierno
y los ministros pueden dar una falsa expectativa de seguridad ciudadana, pero
mientras las calles en la noche están vacías por miedo de transitarlas,
los pequeños negocios operan entre rejas, la seguridad es virtual en la
sociedad guatemalteca.
La seguridad es un derecho humano, pero la
sociedad guatemalteca ha perdido ese derecho. Porque cada uno tiene
que refugiarse en su hogar, porque las calles siempre son peligrosas
y no existe la confianza en la fuerza publica. Los ciudadanos mantienen
una tensión nerviosa, y siempre están a la defensiva
como recurso de sobrevivencia. La solución de seguridad será algo
conveniente, pero después todos tendrán que buscar ayuda psiquiatrita
para hacer que volvamos a ser normales y olvidarnos de la condición de
convivir entre pandillas y el crimen organizado.
